sábado, 6 de noviembre de 2010
El coraje en la diplomacia
Por Juan Vicente Sola
Hay un debate público sobre las declaraciones testimoniales de un diplomático ante un juez de instrucción, y si esas declaraciones debían ser investigadas. Si la característica de los funcionarios en la carrera diplomática es la indefensión, y el costo del coraje depende de los riesgos que se deben asumir, se nos plantea la siguiente pregunta: ¿requieren los diplomáticos un mayor coraje para el cumplimiento de ciertas actividades o el ejercicio de ciertos derechos?
En algunos casos, la exigencia puede ser cercana al heroísmo. La indefensión se debe a la facilidad con que se los puede someter a la persecución y el castigo -cambiarlos de funciones o destinos sin necesidad de dar explicaciones- y a la discrecionalidad de los premios, sean éstos traslados apetecidos o ascensos en la carrera.
A veces, la indefensión ocurre simplemente por estar fuera del país. El servicio exterior se cumple lejos de la toma de decisiones, alejado de toda información y sin poder influir en ellas. Los funcionarios pueden ser víctimas de fáciles difamaciones repetidas en forma de rumor, con el riesgo de sumarios interminables, reparados tardíamente por la justicia cuando las carreras están destruidas.
¿Tiene un diplomático que ser valiente? La respuesta es afirmativa, pero estas situaciones no deben ser causadas por diferencias de criterio con las autoridades. En las democracias constitucionales, el ejercicio de los derechos o la expresión de las opiniones no supone heroísmo. Tampoco el cumplimiento de los deberes, como es prestar declaración testimonial ante un juez de instrucción.
Sin duda, hay actos de heroísmo en la diplomacia: Raoul Wallenberg, el cónsul sueco, salvó a miles de perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial, hasta su misteriosa desaparición. El argentino Daniel García- Mansilla salvó la vida a cientos en la confusión de los primeros momentos de la Guerra Civil Española.
Los altos costos de la indefensión hacen que la carrera diplomática imponga incentivos que llevan al temor por la inseguridad profesional. En algunos casos, se puede caer en la complacencia ante las autoridades que pueden disponer fácilmente de los destinos de los funcionarios y sus familias. Pero los incentivos reiterados se convierten en una cultura de dominación por parte de algunos gobernantes y del acatamiento por los funcionarios. Es un fenómeno habitual en las grandes organizaciones, que hay que evitar.
En su obra Camino de servidumbre , Friederich Hayek señala en el capítulo "¿Por qué los peores se ponen a la cabeza?", que muchas veces en una organización burocrática la estructura es jerárquica y que los incentivos no favorecen el coraje. En principio, porque cuanto más elevadas son la inteligencia y la educación de una persona, más se diferencian sus opiniones y es menos probable que acepte que se le imponga una jerarquía particular de valores. Si deseamos uniformidad en los puntos de vista, tenemos que descender a los más bajos niveles morales e intelectuales.
La segunda causa destacada por Hayek es que existen quienes están dispuestos a aceptar un conjunto de valores ya confeccionado, quienes tienen ideas o emociones vagas y aceptan el conformismo como forma velada del cinismo.
El tercer elemento, que Hayek considera el más negativo, es la envidia a los mejores, la lucha contra los que son ajenos al grupo, el nosotros contra ellos, distinción que no solamente acontece en partidos políticos populistas, sino también en atmósferas de club y que se resume en la expresión: "No pertenece a nosotros".
Toda organización que tenga un poder amplio sobre los destinos de sus funcionarios fomenta la existencia de los "duendes de la camarilla" que se acercan al poder y obtienen privilegios, que en algunos casos no coinciden con el interés general. El coraje de los gobernantes consiste en evitar las tentaciones del abuso de poder, en no consentir camarillas y en asegurar que los mejores funcionarios cumplan con su función, sin necesidad de ejercicios heroicos.
Publicado en © LA NACION. Jueves 27 de mayo de 2010 | Publicado en edición impresa
El autor es experto en Derecho Constitucional (UBA) y académico de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
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